INTERNET Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO, REGULACIÓN JURÍDICA

NOCIONES BÁSICAS: LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO.

La implantación de internet y las nuevas tecnologías a la vida económica y social crea algunas incertidumbres jurídicas que es preciso aclarar para generar la confianza necesaria en el empleo de este nuevo medio por los actores intervinientes de la llamada 2“sociedad de la información”.

En base a esta necesidad de regulación nace la 1LSSI cuyo objeto es establecer el régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica, en lo referente a:

  • Obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que actúan como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones.
  • Las comunicaciones comerciales por vía electrónica.
  • La información previa y posterior celebración de contratos electrónicos.
  • Las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.

Algunas de las preguntas más habituales formuladas por la población en lo que respecta a este ámbito sectorial quedan recogidas en el siguiente vínculo de la página del Ministerio de Industria, Energía y Turismo:

http://www.lssi.gob.es/la-ley/Paginas/preguntas-frecuentes.aspx

De ellas destacamos:

¿Quiénes están sujetos a la Ley?

Las personas que realicen actividades económicas por Internet u otros medios telemáticos (correo electrónico, televisión digital interactiva…), siempre que:

La dirección y gestión de sus negocios esté centralizada en España o, posea una sucursal, oficina o cualquier otro tipo establecimiento permanente situado en territorio español, desde el que se dirija la prestación de servicios de la sociedad de la información.

Se presumirán establecidos en España y, por tanto, sujetos a la Ley a los prestadores de servicios que se encuentren inscritos en el Registro Mercantil o en otro Registro público español en el que fuera necesaria la inscripción para la adquisición de personalidad jurídica.

La utilización de un servidor situado en otro país no será motivo suficiente para descartar la sujeción a la Ley del prestador de servicios. Si las decisiones empresariales sobre el contenido o servicios ofrecidos a través de ese servidor se toman en territorio español, el prestador se reputará establecido en España.

¿Los servicios que se prestan de forma gratuita están dentro del ámbito de aplicación de la Ley?

El criterio para determinar si un servicio o página web está incluido dentro del ámbito de aplicación de la Ley es si constituye o no una actividad económica para su prestador. Todos los servicios que se ofrecen a cambio de un precio o contraprestación están, por tanto, sujetos a la nueva Ley.

Sin embargo, el carácter gratuito de un servicio no determina por sí mismo que no esté sujeto a la Ley. Existen multitud de servicios gratuitos ofrecidos a través de Internet que representan una actividad económica para su prestador (publicidad, ingresos de patrocinadores, etc.) y, por lo tanto, estarían incluidos dentro de su ámbito de aplicación. Ejemplos de estos servicios serían los habituales buscadores, o servicios de enlaces y directorios de páginas web, así como páginas financiadas con publicidad o el envío de comunicaciones comerciales.

¿Existen otras obligaciones a tener en cuenta por parte de los prestadores?

Cuando los prestadores de servicios empleen dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales:

  • Deben recabar el consentimiento de los destinatarios después de que los mismos hayan sido informados de manera clara y completa sobre su utilización y finalidad, en particular sobre los fines del tratamiento de los datos.
  • El consentimiento del destinatario podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones, siempre que aquél proceda a su configuración o actualización mediante una acción expresa a tal efecto.
  • Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso a datos con el fin de efectuar o facilitar técnicamente la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario.

Los proveedores de acceso a Internet deberán, a partir del 29 de marzo de 2008:

  • Informar a sus usuarios sobre los medios técnicos que permitan la protección frente a las amenazas de seguridad en Internet (virus informáticos, programas espías, spam) y sobre las herramientas para el filtrado de contenidos no deseados.
  • Informar a sus clientes sobre las medidas de seguridad que apliquen en la provisión de sus servicios.
  • Informar a sus clientes sobre las posibles responsabilidades en que puedan incurrir por el uso de Internet con fines ilícitos.

Los prestadores de servicios de correo electrónico deberán, a partir del 29 de marzo de 2008:

Informar a sus clientes sobre las medidas de seguridad que apliquen en la provisión de sus servicios.

Los prestadores de servicios de intermediación:

  • No tienen obligación de supervisar los contenidos que alojan, transmiten o clasifican en un directorio de enlaces, pero deben colaborar con las autoridades públicas cuando se les requiera para interrumpir la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar un contenido de la Red.

  • No son, en principio, responsables por los contenidos ajenos que transmiten, alojan o a los que facilitan acceso, pero pueden incurrir en responsabilidad si toman una participación activa en su elaboración o si, conociendo la ilegalidad de un determinado material, no actúan con rapidez para retirarlo o impedir el acceso al mismo.

OTROS VÍNCULOS DE INTERÉS:

http://www.fayerwayer.com/2012/08/espana-multan-al-administrador-de-un-foro-por-no-censurar-comentarios-delictivos/

http://blogs.lainformacion.com/legal-e-digital/2011/03/28/quien-tiene-un-foro-tiene-un-problema/

GLOSARIO:

1Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico

2“sociedad de la información”: El concepto de “sociedad de la información” hace referencia a la creciente capacidad tecnológica, que permite replantear la estructura de las relaciones sociales, económicas, culturales y políticas, de acuerdo a los desarrollos existentes en la infraestructura de telecomunicaciones.

 

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