La utilización de los actuales avances tecnológicos en las tareas de investigación criminal por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado resulta esencial para la persecución y resolución de los delitos, sobre todo en aquellos en los que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) juegan un papel muy importante, y por lo tanto, dicho empleo representa el presente y el futuro de la actividad policial. Por ello, la legislación procesal española debe ser urgentemente reformada e incorporar esas nuevas medidas tecnológicas de investigación criminal con las debidas garantías. En el presente estudio se analizan los déficits legales actuales y se advierten los desafíos jurídicos que representa el empleo de las nuevas tecnologías en las legítimas labores de investigación penal, a la vez que se exponen sólidos argumentos para instar una urgente y necesaria actualización completa de la legislación procesal en España con el fin de adecuarse a las necesidades de la era digital y permitir el uso de las técnicas modernas de investigación que la informática ofrece, de conformidad con los Derechos Fundamentales y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.


 

Hubo un tiempo en que la policía no necesitaba más que un arma de fuego, un bloc de notas o una linterna y sus propios sentidos para llevar a cabo sus cometidos, pero desde entonces, al igual que la delincuencia ha aumentado exponencialmente, las técnicas policiales no han parado de evolucionar de forma paralela al propio desarrollo de la humanidad y en la actualidad se valen del manejo de sofisticados instrumentos electrónicos y programas informáticos para todo tipo de actividades, pues la tecnología les brinda la capacidad de amplificar abrumadoramente las capacidades de los agentes policiales en sus tareas de aprehensión, análisis e investigación.

En el anverso de la moneda de este desarrollo tecnológico se encuentran los Derechos Fundamentales de las personas, que necesariamente deben ser reinterpretados para ofrecer una protección adecuada en la nueva Era Digital. ¿Acaso no deberíamos replantearnos la inviolabilidad domiciliaria cuando la mayor parte de nuestra información digital no se halla en los armarios y cajones de nuestras viviendas, sino en Servidores ubicados a millares de kilómetros?, ¿De verdad podemos equiparar la injerencia sobre la intimidad que significa el registro de un equipo informático como si se tratara de la inspección de “papeles y documentos”? En efecto, la utilización de equipos de audio e imágenes térmicas que nos permiten ver y escuchar lo que sucede intramuros de los domicilios es algo más que “poner la oreja” y puede restringir el concepto actual de la inviolabilidad domiciliaria. La posibilidad de escanear los cuerpos de los transeúntes para descubrir si portan explosivos debajo de su ropa o sustancias prohibidas en el interior de su organismo, también excede de lo que constituiría un cacheo policial y exige una reflexión acerca del debate sobre el derecho a la intimidad corporal. Incluso se ha cuestionado si la colocación de una pulsera electrónica de localización para controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento pudiera afectar a la intimidad de una persona, al convertirse en una especie de sambenito moderno que pudiera desvelar datos de la vida privada de una persona, como es su imputación o condena en un proceso penal.

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ep74 (3)

La investigación del delito en la era digital
Los derechos fundamentales frente a las nuevas medidas tecnológicas de investigación
Juan Carlos Ortiz Pradillo

Licenciado en Derecho con Premio extraordinario (2001) y Doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha (2005) con la tesis Las medidas cautelares en los procesos mercantiles (publicada en la editorial Iustel, Madrid, 2006). Ha realizado diversas estancias de investigación en la Universidad de Colonia (Alemania) y Florencia (Italia), así como en el Instituto Max-Planck de Derecho Penal Europeo e Internacional de Friburgo, y ha participado en diversos proyectos nacionales de investigación sobre aspectos relacionados con el Proceso civil y el Proceso Penal. Autor de múltiples artículos doctrinales y de más de una docena de capítulos de libros, ha impartido ponencias en Alemania, Italia, Costa Rica y Chile y ha participado en diversos Cursos de Postgrado y Másters de Derecho Procesal Civil y Penal. Desde 2005 es profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Castilla-la Mancha y también es docente de la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados.

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